Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión pisaron el acelerador para hacer avanzar las reformas en materia de pensiones, a la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía, contra las que la oposición prepara ya un proceso de judicialización.
En la Cámara de Diputados, el bloque de la Cuarta Transformación hizo valer su mayoría dentro de la Comisión de Justicia que, con 19 votos a favor y 14 en contra, aprobó las minutas de reforma a la Ley de Amparo, para acotar a jueces en la emisión de resoluciones judiciales, de manera que no puedan conceder suspensiones mientras resuelven un amparo.
Para argumentar la reforma, el presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo, aseguró que hay una “invasión” a la división de poderes a cargo del Judicial, que ha llevado a que ahora exista un “gobierno de jueces” donde se emiten criterios “por encima de la Constitución”.
Aseguró que sólo se busca acotar la emisión de suspensiones “sin límite de tiempo” y sostuvo que los derechos de las personas no se verán afectados.
La panista Paulina Rubio acusó que esta reforma es una “venganza” del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, por haber concedido suspensiones contra proyectos estratégicos del sexenio, como el Tren Maya, por lo que el objetivo de fondo de esta reforma es impedir que se vuelvan a frenar los proyectos de la Cuarta Transformación.
Nosotros defendemos los intereses del pueblo. Ayer (lunes) la derecha votó en contra de que el pueblo de México y de que los trabajadores se retiren con una pensión digna.
La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, calificó la reforma como “absolutamente regresiva y agresiva” a la ciudadanía, porque la aleja de una herramienta para defenderse de abusos de autoridad.
Lo mismo ocurrió con la reforma a la Ley de Amnistía, con la que se concede al Presidente de la República la facultad de amnistiar a criminales; es decir, otorgarles el perdón, pero sólo a quienes compartan información que ayude a esclarecer casos de trascendencia nacional.
Al igual que la mayoría de las iniciativas guindas, ésta no recibió el visto bueno de la oposición; por ejemplo, el emecista Álvaro González comentó que con esto atenta contra la obligación de investigar y sancionar. En un extremo, el diputado Gerardo Sosa aseguró que con esto se le daría más poder al Presidente para liberar a “sus socios del Cártel de Sinaloa”.
“Por un lado están ampliando la capacidad de amnistía y por otro lado están quitándole cualquier procedimiento al Presidente cuando quiera y como quiera, puede hacer un decreto y amnistiar a todos sus socios del Cártel de Sinaloa porque ustedes nos vienen a decir delincuentes, cuando los mafiosos son ustedes”, aseveró.
De esta manera, ambas reformas ya tienen la posibilidad de ser subidas al pleno de San Lázaro en la sesión ordinaria de hoy, donde Morena y aliados tienen los votos para aprobarlas. Hecho esto, el asunto pasará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Así se acerca a concluir el último periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, donde ya se ve “casi imposible” sacar siquiera las reformas presidenciales remitidas en febrero y a las que se les dio juego en foros nacionales, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero.
Explicó que se realizará otra sesión el próximo lunes, donde se intentará sacar dictámenes de consenso, como el de licencias de paternidad y la ley silla, pero otras, como la de la jornada laboral de 40 horas y alrededor de una veintena correspondientes a mandamientos judiciales, quedarán sin ver la luz.
En la colegisladora, el Senado de la República, Morena anunció que hoy empujará en comisiones la aprobación de la minuta que envió la Cámara baja en materia de pensiones, para llevarla al pleno el jueves y aprobarla ejerciendo su mayoría.
El senador César Cravioto afirmó que de esta manera cuidarán los tiempos legislativos para que así la oposición no tenga argumentos y acuse faltas al procedimiento legislativo para impugnar dicha reforma. Al respecto, la oposición advirtió que ya junta las firmas para que, como minoría legislativa, pueda acudir a la SCJN para presentar las acciones de inconstitucionalidad respectivas.
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