Con empresas ficticias, «Billy» Álvarez y su hermano José Alfredo desviaron fondos de Cruz Azul, según declaraciones del exdirector jurídico de la cooperativa.

Plexival, S.A. de C.V.; Trans Nau, S.A. de C.V.; Asesorías Profesionales Eicer S.A. de C.V.; K&C Consulting, S.A. de C.V.; y Expertos en Asesoría Empresarial, S.A. de C.V., son las empresas supuestamente ficticias que, según Miguel Eduardo Borrell, quien fue director jurídico de Cruz Azul, utilizaban Guillermo Héctor «Billy» Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa; su hermano José Alfredo Álvarez; y sus asesores Víctor Manuel Garcés Rojo y Ángel Martín Junquera Sepúlveda para desviar recursos de la empresa.

Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, quien ocupó el cargo de director jurídico de la cementera de 2012 a 2020, fue denunciado por los cooperativistas por ser copartícipe en actos de corrupción de «Billy» Álvarez, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en su contra.

Para tratar de evitar ser detenido mediante el «criterio de oportunidad», a fines de 2020 Borrell hizo una declaración ante el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR.

El «criterio de oportunidad» consiste en pedir al Ministerio Público aplicar su facultad para prescindir total o parcialmente de la acción penal iniciada en su contra, en particular, de una orden de aprehensión.

La declaración, cuya copia certificada obra en poder de Nuevo Gráfico, se encuentra en la Carpeta de Investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/311/2020.

Borrell relató que, en su calidad de representante jurídico de la cooperativa, a finales de 2012 asistió a una reunión en las oficinas centrales de la cementera. Allí se encontraban Guillermo Héctor «Billy» Álvarez, entonces Presidente del Consejo de Administración; su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas; y Víctor Manuel Garcés Rojo, quien había antecedido a Borrell como director jurídico de Cruz Azul.

En esa reunión, estos tres personajes solicitaron a Ángel Martín Junquera Sepúlveda que los ayudara a obtener recursos de la cooperativa sin ser auditados ni rastreados, para ocultar su origen y destino, alegando que necesitaban dichos recursos para repartir a los socios en concepto de bonos e incluso a diversas autoridades sin especificar a alguna en particular.

Para ello, le ordenaron a Borrell seguir cualquier instrucción de Junquera.

Explicó que Martín Junquera y Víctor Manuel Garcés eran asesores de «Billy» Álvarez y que su hermano José Alfredo, a pesar de no ocupar ningún cargo en el organigrama de la cooperativa, tenía poder de decisión y mando en asuntos importantes de la cementera.

Agregó que el mismo Guillermo Héctor Álvarez le reveló en una ocasión un mecanismo ideado por él, su hermano y Garcés para simular juicios y protegerse entre ellos cuando los socios cuestionaban su administración o decisiones sobre el manejo de los recursos de la empresa.

Entre las prácticas irregulares para desviar dinero, según Borrell, estaba la contratación de empresas proveedoras ficticias por sugerencia o presión de Víctor Manuel Garcés con ayuda de Ángel Martín Junquera.

Borrell aseguró que «de esas empresas jamás vio un solo entregable o la materialidad de los supuestos servicios prestados».

No obstante, subrayó que tanto Garcés como José Alfredo Álvarez Cuevas presionaban a las áreas jurídica y financiera para que se pagara a «las empresas apadrinadas por Víctor Manuel Garcés».

En este contexto, Martín Junquera era quien obtenía la firma de los contratos de las empresas ficticias.

Enfatizó que Guillermo Héctor «Billy» Álvarez tenía pleno conocimiento de las empresas «fachada» o «fantasmas», ya que él autorizaba los pagos y firmaba las facturas. Hubo ocasiones en que «Billy» Álvarez ordenaba dar prioridad a los pagos a estas supuestas empresas, posponiendo los de proveedores y prestadores de servicios legítimos.

Agregó que en varias ocasiones, de abril de 2014 a agosto de 2018, él recibió diversas cantidades de dinero de manos de Ángel Martín Junquera para ser entregadas directamente a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas. Las entregas de esos recursos se realizaban en la casa de «Billy» Álvarez ubicada en Fuentes del Pedregal, Ciudad de México.

Contó que, incluso a veces, el dinero lo recibía su empleada doméstica, a quien Borrell identificó como «Toñita». En otras ocasiones, él llevaba el dinero a las oficinas corporativas de Cruz Azul en Ciudad de México.

Además del desvío de dinero, Guillermo «Billy» Álvarez, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés idearon la forma de armar acusaciones falsas contra sus opositores, a quienes Borrell llamó los «disidentes», entre ellos Víctor Manuel Velázquez, actual Presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul.

Relató que a mediados de 2017, Guillermo, José Alfredo y Víctor Manuel Garcés citaron a Federico Sarabia Pozo (quien, junto con un grupo de exsocios excluidos de la cooperativa, tiene tomada por la fuerza la planta de Jasso, Tula, estado de Hidalgo), Ramsés Dolores Anguiano y Tomás Rivera Carrasco para planear una denuncia judicial contra los «disidentes».

Víctor Manuel Garcés convenció a los auditores de la cooperativa, de apellidos Apaez, Melchor y Otero, para realizar un reporte falso de auditoría en el que se señalaba de malos manejos a Víctor Manuel Velázquez y a otros cooperativistas que estaban a cargo de administrar el patrimonio de la empresa «Azúl Cerámica, S.A. de C.V.», subsidiaria de Cruz Azul encargada de la distribución de los productos elaborados por la empresa.

Con base en ese dictamen amañado de la auditoría, Federico Sarabia, Anguiano y Carrasco presentaron una denuncia contra Víctor Manuel Velázquez y otros ante la Fiscalía Central para Delitos Financieros de Ciudad de México, la cual inició la Carpeta de Investigación FDF/TUI-1S/D/01142/11-2017.

Dicha denuncia nunca avanzó al no haber pruebas contra Velázquez y otros socios que, desde entonces, exigían cuentas claras a Guillermo «Billy» por los malos manejos de los recursos de Cruz Azul.

Al final de su declaración, de 11 fojas, las cuales tienen las firmas de Borrell y su abogada Berenice Hernández Álvarez, Miguel Eduardo se comprometió a presentarse a las oficinas de la cementera para hacer la entrega formal y material de su cargo de representante jurídico de la empresa a quien designara el consejo de administración que sustituyó a «Billy» Álvarez y a entregar 5 millones de pesos en cheques de caja como «reparación del daño por las conductas en las que indirectamente participé pero que presencié durante años».

Todo lo anterior «en cuanto ya no tenga vigente la orden de aprehensión librada en mi contra por los hechos que se investigan», con base en la solicitud hecha al Ministerio Público de la aplicación del «criterio de oportunidad».