Oaxaca enfrenta acusaciones de corrupción, nepotismo y violencia

Con poco más de dos años en el cargo, el gobernador Salomón Jara Cruz ha generado oposición en sectores clave de una sociedad oaxaqueña intensamente politizada, que se manifiesta contra la implementación de medidas impopulares, el aumento de la delincuencia, un alto número de desapariciones forzadas, feminicidios, casos claros de corrupción, nepotismo e incluso supuestos vínculos de funcionarios del gabinete, alcaldes y legisladores con el crimen organizado.

El descontento se articula en un movimiento que desde ahora llama a votar por la revocación de mandato en 2026, cuando se cumpla la mitad del periodo gubernamental.

Bajo la fachada de la propaganda de la primavera oaxaqueña y el discurso insistente de Jara Cruz, quien sostiene que «nuestra gente está feliz», subyace en el estado una abierta molestia entre gran parte de la población por la escasez de medicamentos, la falta de atención en hospitales y una ola creciente de violencia, asesinatos, ejecuciones, desapariciones, feminicidios, robos y asaltos, incluso en pleno centro de la capital. La inseguridad es tal que el equipo de coordinación de giras de Jara sufrió, el 6 de febrero, un intento de asalto cerca de Ayotzintepec.

Según las estadísticas mensuales de la Fiscalía General del estado de Oaxaca, 697 personas fueron víctimas de desaparición forzada por particulares en 2024. Enero de este año concluyó con 69 homicidios.

El panorama se agrava por la imposición de proyectos, como un vertedero de tres hectáreas en Xoxocotlán, controlado y vigilado por el sindicato Catem Joven y sus grupos de choque.

Al entrar a su tercer año de gobierno, la administración de Jara Cruz se caracteriza, además, por una incidencia de nepotismo sin precedentes, con el ejemplo más claro en el control que ejerce su hermano Noé en el ayuntamiento de la capital, por encima del alcalde Raymundo Chagoya (PVEM). Apenas el martes pasado, la hija mayor del gobernador, Shunaxhi Nabaany, fue designada delegada del Infonavit en el estado.

Persisten las denuncias de corrupción y una política de persecución contra movimientos sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, mientras crece la presencia del crimen organizado.

Agrupaciones sociales como Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (Oidho) y el Frente Popular Revolucionario (FPR), así como actores políticos, como el delegado del PT en el estado, Benjamín Robles Montoya –que compartió gabinete con Jara Cruz en el sexenio de Gabino Cué, postulado por la coalición PAN-PRD–, señalan abiertamente los presuntos nexos de funcionarios y legisladores con el crimen organizado.

Robles Montoya apoda «hamponino» o «Nino el Sospechoso» a Antonino Morales Toledo, senador por Morena y aspirante a relevar a Jara Cruz en 2028. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas en 2020, cuando era alcalde de San Blas Atempa, tras una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En junio pasado, Robles Montoya calificó de criminal al gobernador por sus presuntos nexos con grupos delincuenciales y lo acusó de financiar lo mejor del huachicoleo: la campaña del PVEM para la capital.

En una entrevista, Carlos Daniel Lara Juárez, del FPR, sostiene que hoy, Oaxaca es el claro ejemplo de que el crimen organizado ya es un poder político y económico legal, que impone a diputados locales, alcaldes, diputados federales y a un senador.

Alejandro Cruz, de Oidho, señala que la presencia del crimen organizado y su penetración en las esferas de gobierno es evidente y que, si hace una década había cierto control de la seguridad, ahora se ha diluido. El estado está totalmente rebasado, el crimen organizado controla muchas cosas, incluyendo la cuestión política. Muchos presidentes municipales provienen del crimen organizado y nosotros no podemos ocultar eso.

El profesor Rogelio Vargas Garfias, de la Unión de Trabajadores de la Educación e integrante de la sección 22 del sindicato magisterial, afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señala, por su parte, que el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), Emilio Montero Pérez, tiene muy mala reputación. Fue alcalde de Juchitán, el municipio más violento e invadido por el crimen organizado.

Es además –dice– socio del exalcalde de San Blas Atempa, el senador Antonino Morales Toledo, que ahora es el representante del Senado ante el Corredor Interoceánico.

Bajo la administración de Montero Pérez, añade, el Ieepo es un instituto corrupto. ¿De dónde sale el dinero para comprar conciencias? Pellizcándole al presupuesto, que debería destinarse a las escuelas.

En ese contexto, la inseguridad no cesa. Enero cerró con 69 asesinatos, el más reciente, el viernes 31, en el estacionamiento de un centro comercial, a siete calles de la alcaldía de la capital. Por otro lado, un grupo de 14 jóvenes que regresaba de vacaciones de Puerto Escondido continúa desaparecido desde el 7 de enero.

El año pasado hubo registro de mil siete asesinatos, 3.4 por ciento más que en 2023, cuando alcanzaron los 970, una estadística que dejó fuera a Oaxaca de los cinco estados más seguros. Pero la versión oficial es distinta y en redes sociales el gobierno del estado financia campañas que ubican a Jara Cruz entre los mejores 10 gobernantes del país.

Todos los días hay reportes de homicidios, desapariciones, ejecuciones. Pero a la información y a las críticas de organizaciones, activistas y actores políticos por la inseguridad, la respuesta del gobernador y su secretario de Gobierno, José de Jesús Romero López, es la descalificación.

El miércoles 29 de enero, en una conferencia de seguridad, Romero López se quejó de la difusión de la protesta de la saxofonista María Elena Ríos, durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, el viernes 24 en Mitla.

Según el funcionario, existe una narrativa en contra de Jara Cruz que, «más lo de La Jornada, más algunos columnistas nacionales de paga –que conocemos bien que disparan para un lado, les decimos sicarios mediáticos, se dedican a eso– buscan crear un escenario artificial… La Presidenta se fue muy feliz de Oaxaca».