El gran desfalco millonario de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez 

Aunque en México son considerados prófugos de la justicia, la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, observan desde el extranjero cómo su situación parece mejorar. Hace más de cuatro años escaparon del país tras ser acusados por la Fiscalía de liderar una red de corrupción que desvió y lavó cerca de 3,000 millones de pesos (aproximadamente 145 millones de dólares) de recursos públicos. La pareja se estableció en Estados Unidos, donde poseían propiedades de lujo. A pesar de que se emitió una ficha roja de Interpol para facilitar su extradición, esta no se ha concretado. Recientemente, gracias a una orden judicial, recuperaron el acceso a sus cuentas bancarias, previamente bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo encargado de combatir el lavado de dinero en México.

El caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga enfrenta dificultades y es de gran relevancia. Álvarez Puga es señalado como uno de los principales arquitectos de un esquema de desvío de recursos mediante empresas fantasma, utilizado por políticos, empresarios, artistas y narcotraficantes para defraudar al erario público. La Fiscalía vincula a la pareja y a Alejandro Álvarez Puga, hermano del abogado, con una contratación simulada realizada en 2016 con la Secretaría de Gobernación, entonces dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong, cercano al expresidente Enrique Peña Nieto. Según la Fiscalía, este esquema implicaba delincuencia organizada, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

La investigación, denominada Caso Querubines, reveló que los fondos destinados a mejorar las prisiones del país fueron transferidos a empresas ficticias sin infraestructura ni personal, que simulaban prestar servicios. Posteriormente, el dinero fue dispersado a través de una red de empresas factureras que realizaron más de 1,500 operaciones bancarias para ocultar su origen. Parte de estos recursos terminó en las cuentas bancarias de la pareja, según la Fiscalía.

En septiembre de 2021, se emitió una orden de captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga, seguida en octubre por la notificación roja de Interpol. Sin embargo, en noviembre, Gómez Mont logró que los tribunales anularan una acusación por defraudación fiscal presentada por Hacienda. Desde entonces, la pareja ha obtenido varias victorias legales, incluyendo una reciente resolución que ordenó a la UIF retirarlos de la lista de personas bloqueadas del sistema financiero.

Esta decisión judicial ha generado críticas por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que acusa corrupción en el sistema judicial y propone una reforma para que los jueces sean elegidos por voto popular. Pablo Gómez, titular de la UIF, expresó que la resolución permite a la pareja operar en el sistema financiero nacional sin restricciones, a pesar de las órdenes de aprehensión en su contra. Sheinbaum ha utilizado este caso como argumento para impulsar reformas que limiten la descongelación de cuentas bloqueadas por la UIF mediante suspensiones judiciales.

El caso también ha enfrentado obstáculos internos dentro del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fuentes federales indican que las autoridades de Hacienda y la Fiscalía encontraron resistencia desde la UIF y la Consejería Jurídica presidencial. Además, se sospecha que hijos de un legislador influyente de Morena, el partido en el poder, podrían estar involucrados en el esquema de empresas factureras de Álvarez Puga.

Pablo Gómez confía en que la pareja será extraditada pronto. Aunque su paradero no es desconocido, han dejado rastros documentales principalmente en Florida, Estados Unidos, donde poseen propiedades en Miami y Palm Beach. Documentos judiciales revelan que hasta finales de 2023 residían en un departamento alquilado en Art Plaza, Miami, por el que enfrentaron una demanda por falta de pago de renta. Además, fueron propietarios de una mansión que perteneció a la cantante y actriz Cher en los años noventa.