El pasado viernes 3 de febrero, la Secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamonte González, compareció ante el Congreso Local de Puebla, soberanía que la recibió con reconocimiento y apoyo.
En su glosa, la Secretaria compartió datos duros que reflejan su trabajo en el combate a la corrupción y el pirataje, así como las acciones encaminadas a culminar la llamada “modernización del transporte”.
Y es que, ciertamente, el transporte pirata, es un fenómeno que afecta al estado desde antes de abril de 2021, fecha en que Bracamonte González asumió la titularidad de Movilidad y Transporte, y representa uno de los mayores retos de la dependencia, debido a que, el primer requisito para realizar las inspecciones correspondientes, es la denuncia ciudadana, misma que es inexistente, debido a que son los mismos ciudadanos quienes nutren el pirataje.
Por otra parte, y tomando en consideración que, Puebla tiene un padrón de más de 18 mil unidades de transporte, la modernización es un tópico que requiere tiempo, y resulta insuficiente para los casi dos años que la funcionaria lleva al frente de tan complicada secretaría, que por la propia naturaleza de sus labores, ha sido objeto de saqueo por parte de anteriores titulares.
Es cierto también que, fue una de las comparecencias más nutridas, respecto a cuestionamientos de todas las fuerzas políticas, mismos que Bracamonte González logró responder sin contratiempos, incluso los de la Panista Guadalupe Leal, quien lejos de externar dudas de interés social, se dedicó a golpear a la funcionaria, reflejando su necesidad de protagonismo político.
Tal es el caso que, la titular de Movilidad y Transporte, se dio el lujo de responder uno de sus cuestionamientos con los principios generales del derecho, y es que, la blanquiazul intentó desestabilizar mencionando que, durante 2022 y contrario a derecho, se habían entregado concesiones a personas físicas, no obstante, Bracamonte González, refirió que, las concesiones otorgadas en el año en referencia, a personas físicas, se dio en razón de haber aplicado la retroactividad de la ley, pues quienes ya habían realizado los pagos de los estudios técnicos, antes de la publicación de la nueva norma, tienen el derecho de obtener concesiones siendo personas físicas, en tanto la nueva ley, únicamente otorga este beneficio a personas morales.
Cierto es también que, los esfuerzos de Bracamonte González por la modernización del transporte en Puebla, radican en las raíces, es decir, en la Ley, publicada el 3 de diciembre de 2021, pues busca otorgar concesiones únicamente a través de una declaratoria de necesidad, misma que se da en función de que la ampliación de unidades en una ruta o sitio de taxis, o incluso, la creación de una nueva ruta, se dé en función de una necesidad social, y no como en el pasado, de entregar concesiones y permisos a cambio de un beneficio económico.
Con lo anterior queda de manifiesto que, la modernización del transporte se encuentra en su etapa inicial, con un buen camino recorrido, resultado palpable en la aprobación de la ley, que mejorará las condiciones de movilidad en el estado, y es que, erróneamente, los medios de comunicación hablan de modernización como sinónimo únicamente de tener unidades nuevas, cuando la realidad estriba en tener concesionarios y permisionarios con capacidad de actuar en favor de la sociedad, con conductores debidamente certificados, entre otras cosas.
A juicio racional, Elsa Bracamonte, ha logrado, en menos de dos años, un trabajo que los últimos titulares de la misma secretaría, no habían logrado juntos, pues su bandera de combate a la corrupción la ha llevado a navegar contra corriente y tener de enemigos a los mismos concesionarios, quienes, en el pasado, a través de recursos económicos lograban que los titulares los dejaran trabajar como peces, en el mar de la corrupción.
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