Amado Pérez Hernández, alcalde de Zacualtipán de Ángeles, podría convertirse en el primer presidente municipal en dejar su puesto apenas un mes después de haber asumido. La situación es crítica, ya que enfrenta una orden de aprehensión por supuestos delitos cometidos en el Estado de México, no directamente relacionados con su gestión actual ni con los disturbios ocurridos durante la toma de la presidencia municipal el 1 de agosto de 2023.
La semana pasada, el alcalde del Partido del Trabajo (PT) fue advertido por el diputado federal Javier Vázquez Calixto, Comisionado Político Nacional de su partido, sobre la orden de detención emitida por un juez en el vecino Estado de México, por el delito de abuso sexual en agravio de una mujer. Vázquez le sugirió buscar apoyo político y legal.
Ante esta situación, Pérez Hernández contactó a varias figuras influyentes, desde el secretario de Agricultura, Napoleón González Pérez, hasta aliados en el Congreso de la Unión. Sin embargo, las respuestas fueron escasas, limitándose a consejos y asesorías jurídicas.
El martes, comunicó a su secretario municipal, Luis Cerecedo Espinoza, su decisión de solicitar una licencia por 30 días para resolver su situación legal. Esta solicitud, presentada con goce de sueldo durante la tercera sesión ordinaria de cabildo, fue aprobada por la mayoría. Desde entonces, su paradero ha sido incierto, con reportes de que habría huido con la ayuda de transportistas no autorizados.
Paralelamente, agentes de la policía ministerial del Estado de México ingresaron una solicitud de colaboración a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo para ejecutar la orden de aprehensión, pero para entonces, Pérez Hernández ya se había fugado, siguiendo los consejos de sus «amigos» políticos mientras tramitaba un amparo que aún no le ha sido otorgado.
El alcalde y su círculo cercano están intentando construir un discurso que lo presente como un perseguido político, con el fin de desviar la atención de las acusaciones graves que enfrenta. La carpeta de investigación en la agencia especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género cuenta con elementos que presuntamente incriminan al alcalde.
Pérez Hernández, conocido como “el tigre”, no ha mantenido buenas relaciones con la administración municipal actual ni con la anterior, debido a irregularidades en su gestión, incluyendo intentos de operar el servicio de transporte público sin las concesiones necesarias. Además, se han documentado sus conflictos con exalcaldes y otros líderes políticos, así como un informe de inteligencia que sugiere vínculos con grupos delictivos en la zona.
Lo que es evidente es que Pérez Hernández se encuentra al borde de la prisión, con la posibilidad de abandonar su cargo y dejar a su partido, el PT, sin defensas políticas. Esto podría abrir la puerta para que el exdirector del DIFH, Javier Rodríguez Sagahón, quien lo derrotó en las elecciones por más de 2,000 votos, tenga una nueva oportunidad en la contienda política.
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